19,7 % de todas las muertes ocurridas en Colombia entre 1979 y 2021 eran evitables se debieron a fallas del sistema de salud

Un análisis del Observatorio Nacional de Salud del INS concluye que la mitad del total de muertes que ocurrieron en el país en un periodo de 43 años, eran evitables por políticas públicas, y de estas el 39% de toda la mortalidad evitable (lo que equivale al 19,7% de todas las muertes) son atribuibles al sistema de salud.

En el marco del décimoctavo Encuentro Científico del Instituto Nacional de Salud, el Observatorio Nacional de Salud, presentó su informe técnico número 15 sobre mortalidad evitable atribuible a políticas públicas, entre las cuales está el sistema de salud.

El informe presenta un panorama general de las muertes evitables en el país por departamentos y municipios y su relación con el acceso a los servicios de salud. Mediante análisis cuantitativos y cualitativos los investigadores determinaron qué porcentaje de la mortalidad total en Colombia, entre 1979 y 2021, es atribuible a fallas en las políticas públicas o al sistema de salud de manera particular.

El resultado principal obtenido es que el 50% (la mitad) de todas las muertes que ocurrieron entre 1979 y el 2021 en Colombia eran muertes evitables por políticas públicas, y de esas el 39 % eran evitables por la atención sanitaria oportuna y de calidad, y por tanto ocurrieron debido a fallas del sistema de salud. En decir, en ese lapso de tiempo analizado, un millón 600 mil colombianos murieron por falta de acceso oportuno y efectivo al sistema de salud. El resto de la mortalidad evitable se relaciona con otras políticas públicas.

Al desagregar esta cifra, los expertos concluyeron que, por cada muerte atribuible al sistema de salud, hay 1,6 muertes adicionales atribuibles a otras políticas públicas. Así mismo, el 20% de la mortalidad evitable por políticas públicas corresponde a violencia, suicidio, y le sigue enfermedad cardiovascular que es la principal causa de morbimortalidad en Colombia y el mundo.

En decir que si bien las medidas instauradas desde el punto de vista de políticas públicas y del sistema de salud, generado por la Ley 100, han logrado una disminución de la mortalidad general y de la mortalidad evitable, persisten cifras de mortalidad evitable que no deberían existir, no solo porque son evitables, sino porque están concentradas en poblaciones más vulnerables, dice el director del ONS del INS.

Además, la disminución de las tasas de mortalidad evitable por el sistema de salud solo se dio hasta 2011 y antes de la pandemia no se redujo en absoluto. Por el contrario, las tasas y porcentajes de mortalidad evitable subieron en los años 2020 y 2021 por covid19.

“Lo que vemos en el décimo quinto Informe del ONS es que en los 43 años (1979 – 2021) de medición y análisis realizado, hay una proporción muy importante de muertes evitables que corresponden al 19,7%, 1’600.000 fallecidos atribuibles de manera directa al sistema de salud. Por lo tanto, estrategias y propuestas para desarrollar un sistema de salud basado en la atención primaria en salud (APS), en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, en la gestión del riesgo, superando radicalmente las barreras administrativas que afectan la dinámica de la ruta de atención con calidad y oportunidad del paciente y no en el enfoque de la medicalización y del tratamiento de la enfermedad instaurada en altos niveles de atención, tendrán sin duda un impacto importante en la reducción de la mortalidad evitable, garantizando el acceso real a los servicios de salud con enfoque comunitario y de empoderamiento social. Además de incidir directamente en los determinantes sociales y medio ambientales, en los territorios más vulnerables de nuestro país”, dice Giovanny Rubiano García, director general del INS.

Respecto a la elaboración del informe, explica Carlos Castañeda-Orjuela, director del Observatorio del INS, que para los análisis cuantitativos se hizo una revisión por municipios de indicadores de acceso a servicios de salud, necesidades básicas insatisfechas y pobreza multidimensional para clasificar a los municipios según su vulnerabilidad. Luego esos datos fueron cruzados con los resultados de mortalidad evitable por servicios de salud o por cualquier política pública para desenlaces específicos.

En relación con los análisis cualitativos que corresponden a estudios de caso, el informe presenta análisis en La Guajira, Chocó, Amazonas, Guainía y Antioquia en las cuales se recogió información sobre contexto, condiciones generales de vida y de las propias personas y cómo estas se relacionan con algunos desenlaces de mortalidad evitable, como la desnutrición, el suicidio o el acceso a servicios de salud.

En el caso de La Guajira, se observaron que las condiciones del ambiente y las transformaciones ocasionadas por la minería y la explotación de los recursos naturales son determinantes del hambre y la desnutrición en menores. El análisis de Chocó incluyó los efectos de la minería y del conflicto armado en esta mortalidad evitable por desnutrición en niños y niñas. Mientras se realizaron análisis con métodos mixtos (cuantitativos y cualitativos), como es el caso del suicidio, un evento evitable, en comunidades indígenas del Amazonas y de Antioquia. También se analizó el acceso a servicios de salud para mortalidad materna en el modelo integral de atención en salud (MIAS) para Guainía, en donde se evidenció que 87% de las maternas no tuvieron un seguimiento básico. Igualmente, se analizó el programa de casas de paso en La Guajira que busca garantizar la atención de mujeres con cáncer de seno.

Dentro de los hallazgos más importantes está que los territorios con un índice bajo de acceso a servicios de salud, tienen proporciones de mortalidad evitable por el sistema de salud más altas. Este bajo acceso a los servicios de salud se concentra en las regiones de la Amazonía, la Orinoquía y del Pacífico, mientras ciudades como Pasto, Pereira, Manizales, Medellín, Armenia y Bucaramanga presentan índices de acceso más altos, en contraste con Puerto Carreño y Mitú que tienen índices muy bajos.

Por clase social, se observa que los trabajadores de las clases populares tienen el porcentaje de mortalidad evitable más alta (67,4%), seguido por indígenas (65,7%), mientras la clase media/empresarial tiene el valor más bajo (64,1%). Si bien estas diferencias son leves, se evidencia que hay más vulnerabilidad en los menos favorecidos.

En los casos de infección respiratoria aguda, diarrea y desnutrición, desenlaces de mortalidad evitables también se observa una mayor afectación en municipios más pobres y con una afectación particular de niños y niñas que hace imperativo la intervención de estas problemáticas que perpetúan la inequidad sanitaria.

“El objetivo final con estos análisis es monitorear cómo está funcionando el sistema de salud en particular. Si funciona bien debiese haber muy poca mortalidad atribuible al sistema de salud, con un ideal de no tener ninguna muerte evitable por el sistema de salud. Aunque ningún sistema de salud o política pública en el mundo llega a ese impacto, muchas veces debido a limitaciones en su implementación, medir y hacer seguimiento a estos indicadores de mortalidad evitable, es clave para reducirla y evaluar el impacto tanto de sistemas de salud, como, en un nivel general, de la política pública y una manera de hacer veeduría a los recursos públicos que financian esas intervenciones.” dice el director del ONS.

Con base en las cifras y análisis del Observatorio del INS, se generó una serie de recomendaciones para el país. Lo primero diseñar e implementar sistemas de monitoreo de la mortalidad evitable, que incluya la mortalidad evitable por política pública y por el sistema de salud, para hacer seguimiento al desempeño tanto de las políticas como del propio sistema sanitario. Así como incluir este tipo de aproximaciones en los análisis de situación de salud (ASIS) territoriales con perspectiva de equidad.

El ONS señala la importancia de hacer análisis de mortalidad evitable de manera diferencial. Si bien el comportamiento de la mortalidad general tiende a la reducción, persisten muertes evitables, y en comunidades indígenas y personas en situación de pobreza, estas causas prevenibles son mucho mayores. Así que toda intervención que se diseñe debe tener en cuenta esos enfoques diferenciales, precisamente para alcanzar a los más vulnerables que son quienes concentran la mayoría de estos desenlaces negativos.