Hay acuerdo en la Mesa de Concertación Indígena sobre Reforma a la salud

Luego de tres días de largas jornadas de trabajo, en las que siete delegaciones de los pueblos indígenas, más la mesa Wayuu, se reunieron con el viceministro de Salud y Protección Social, Jaime Urrego, y representantes de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el ministerio del Interior, para avanzar en la elaboración de una ruta metodológica que permita garantizar el derecho y el deber de una consulta libre e informada de los pueblos indígenas en Colombia sobre el proyecto de reforma estructural al sistema de salud, se logró un importante acuerdo, en la Mesa Permanente de Concertación (MPC): Luz verde para avanzar y construir de manera colectiva.

Para el director de promoción Social, Alex Ordoñez Argote, «se trata de un gran avance en el que se reconoce este proceso como un elemento estructural para la atención en salud de las poblaciones indígenas, hecho que marca un hito en la interacción de gobierno a gobierno, es decir entre el gobierno de Colombia, hoy presidido por Gustavo Petro, y el gobierno de los pueblos indígenas».

Entre los avances puntuales de este acuerdo se destaca la concertación sobre una ruta de trabajo a seguir y la elaboración conjunta de una propuesta para modificar el artículo 145 del proyecto de ley, que será incluida en el texto que hoy hace trámite legislativo ante la Cámara de Representantes del Congreso de la República.

Sobre este punto, más que consideraciones gramaticales, se ha enfatizado en precisiones conceptuales. En la propuesta indígena se menciona un «sistema de seguridad social en salud». En el articulado del MSPS se habla del sistema de salud. Y en el texto objeto de conciliación, de acuerdo con el análisis del articulado frente a la propuesta original y la contrapropuesta, se dispone que el artículo 145 diga lo siguiente:

«Se garantizan los derechos fundamentales a la Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado de los Pueblos Indígenas a través de sus instituciones representativas, en lo que respecta a las medidas relacionadas con el derecho fundamental a la salud, el Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural (SISPI) y el sistema de Salud, atendiendo lo dispuesto en los literales l, m y n del artículo 6 de la Ley 1751 de 2015».

Las definiciones contenidas en esta ley estatutaria, a las que se refiere, son: «l) Interculturalidad. Es el respeto por las diferencias culturales existentes en el país y en el ámbito global, así como el esfuerzo deliberado por construir mecanismos que integren tales diferencias en la salud, en las condiciones de vida y en los servicios de atención integral de las enfermedades, a partir del reconocimiento de los saberes, prácticas y medios tradicionales, alternativos y complementarios para la recuperación de la salud en el ámbito global; m) Protección a los pueblos indígenas. Para los pueblos indígenas el Estado reconoce y garantiza el derecho fundamental a la salud integral, entendida según sus propias cosmovisiones y conceptos, que se desarrolla en el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI); n) Protección pueblos y comunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Para los pueblos y comunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, se garantizará el derecho a la salud como fundamental y se aplicará de manera concertada con ellos, respetando sus costumbres».

En el parágrafo del artículo 145 de la reforma al sistema de Salud, se afirma que «el Gobierno Nacional de manera concertada con las Autoridades de los Pueblos Indígenas creará e implementará las medidas idóneas que permitan el funcionamiento armónico entre el Sistema de Salud y el Sistema Indígena de Salud Propia Intercultural (SISPI) garantizando las condiciones que permitan la materialización efectiva del derecho fundamental a la salud conforme a los usos y costumbres de los Pueblos Indígenas».

Durante el encuentro, varios líderes y lideresas indígenas, entre ellos el Líder indígena Embera Chamí, y actual representante a la Cámara, Norman David Bañol Álvarez,  mencionaron un encuentro previo con el presidente Gustavo Petro, en el que éste les dijo que no era el sistema de salud indígena el que debía adaptarse el modelo de salud preventivo y predictivo, sino por el contrario, era el sistema de salud colombiano el que debía adaptarse a las formas, manejos y tradiciones de los pueblos indígenas.

«La interacción con los pueblos y comunidades de nuestro país nos ofrece una gran lección, indicó Alex Ordoñez, y es que no es el sistema el ordenador, sino que más bien el sistema se tiene que adaptar a las necesidades identificadas en nuestras poblaciones. Es decir que nosotros como Estado reconocemos que debemos garantizar que nuestros modelos y programas se diseñen y definan a partir de las características propias de los pueblos, para que sea el Estado el que se adapte a la necesidad territorial y no al contrario. Estamos avanzando en una nueva política y en una nueva forma de dar respuesta, en este caso, desde el ministerio de Salud y Protección Social, a nuestras comunidades».

El SISPI es el resultado de una larga lucha que se reconoce en este proyecto político; por ello el gran objetivo es que el modelo indígena se integre como el ordenador del sistema de salud, y que este a su vez, valide costumbres y tradiciones de los pueblos originarios, y las maneras en las que ellos se piensan, se reconocen y se proyectan como parte de una nación diversa, en un Estado pluriétnico y multicultural, cuya Constitución Política reconoce y exalta los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas.

Durante el encuentro de concertación se hizo evidente que las propuestas discutidas, en el marco de la reforma a la salud, buscan garantizar su legitima representación, identidad, diversidad y pervivencia étnica. Y esto también pasa por garantías de presupuesto y de logística en los territorios.

Para uno de los Mayores presente en la MPC, los asuntos referentes a la salud, la educación y otros temas estructurales que afectan a los pueblos indígenas, siempre deben tramitarse por consulta previa, libre e informada. «Esto lo ratificó el presidente Petro en su programa de gobierno, cuando dijo que iba a fortalecer el proceso, enfatizando lo relacionado con el consentimiento. Por ello no aceptamos que, en el gobierno de cambio, se haga consulta con una agencia a ver si se consulta o no se consulta. Esto sería un retroceso en cuanto a la progresividad de derechos».

Por su parte el viceministro Urrego, declaró que, si bien no están exentos de cometer errores, siempre están abiertos a escuchar y también a corregir. «El espíritu del articulado a corregir, que era más corto al que venimos ya construyendo, dice consúltese todo prácticamente, y vaya a consulta previa. Yo personalmente he tenido la misma preocupación que manifestó el mayor Julio  y que ha sido parte de esta discusión. Y quiero hacer un comentario al margen, yo he tenido el privilegio de estar del otro lado por treinta años, y he visto como se han aprobado leyes en contra de lo que pensábamos, y yo mismo pensaba y sostengo, que se aprueba la ley y después miramos como se reglamenta para pueblos indígenas. Lo que sí puedo dar fe es que nunca había quedado como lo estamos construyendo ahora, va de igual a igual, porque lo que se va a proferir, si esto termina con éxito como esperamos, es una ley ordinaria.  Y se le dan facultades al presidente para que expida un decreto con fuerza de ley de igual a igual».

A partir del 2 de mayo se inicia la fase de Consulta Previa en los territorios del país, con todas las organizaciones vinculadas a la Mesa Permanente de Concertación, que son siete, más la Mesa Wayuu. El cambio está en marcha, y la oportunidad es histórica.