Autoridades locales buscan soluciones ante carga presupuestal por atención a privados de la libertad

Desfinanciar proyectos que beneficien a población víctima del conflicto armado, adultos mayores y a la niñez, es uno de los efectos que podría enfrentar el municipio al tener que garantizar la alimentación de la población privada de la libertad que llega, en el caso de Yopal, a las carceletas ubicadas en la Estación de Policía Yopal.

Este fue el tema central en la reunión convocada por la Procuraduría Regional, a la que asistieron los 19 alcaldes de Casanare, donde los mandatarios entregaron balance de las acciones adelantadas para dar cumplimento a los planes de alimentación para la prestación de este servicio a la población privada de la libertad.

Durante este encuentro el alcalde Marco Tulio Ruíz Riaño destacó que “en el Congreso de los Municipios organizado por Ascopitales en Cartagena, el pasado 1,2 y 3 de mayo, se tocó este tema y se dijo que se empezarían las gestiones para que sea solicitarle al Gobierno Nacional que les quite esta carga a los municipios, pues no es viable por lo limitados recursos que se tienen”.

Ruíz Riaño señaló además que, “en Yopal tenemos 111 personas privadas de la libertad, 70 son de acá y el resto de otras partes de Casanare, y hasta del país. Nos toca garantizarles la alimentación que al año nos cuesta alrededor de $1.400 millones, y el municipio no los tiene”.

La reunión que se realizó en el Comando del Departamento de Policía Casanare, fue acompañada por la Policía Nacional, INPEC, Defensoría del Pueblo y Personería Municipal, entre otras entidades.