Defensoría del Pueblo conoció 1310 casos de violencia contra las mujeres en los dos primeros meses de este año

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, presentó este jueves un balance sobre las barreras que continúan enfrentando las mujeres en la atención de la violencia basada en género, aspecto que preocupa, toda vez que terminan constituyéndose en violencia institucional, al tiempo que entregó cifras recientes de agresiones de las que vienen siendo víctimas.

“La violencia que enfrentan las mujeres en el país sigue siendo altamente preocupante. Tan solo en los dos primeros meses del año tuvimos conocimiento de 1310 casos, de los cuales 59 corresponden a mujeres que sobrevivieron a un intento de feminicidio y nueve, a mujeres víctimas de feminicidio y en cuyos casos acompañamos a sus familias”, expresó el Defensor del Pueblo durante su intervención en el ‘Congreso Internacional de Derechos Humanos: Género y Enfoque Diferencial’, organizado por la Procuraduría General de la Nación y llevado a cabo en Barranquilla.

Una barrera central, principalmente en casos de feminicidio, es el vencimiento de términos, que genera la libertad de incluso agresores capturados en flagrancia o que se entregaron a las autoridades. “Motivo por el que desde nuestra Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género hacemos un trabajo importante de incidencia en esos casos, justamente para lograr interrumpir el vencimiento de términos y dar garantías judiciales a las víctimas”, aseguró Camargo Assis.

La escasa implementación de casas protectoras

El Defensor, así mismo, habló sobre la escasa implementación de servicios de casas refugio, casas albergue, servicios hoteleros o subsidios monetarios, lo cual constituye una de las principales barreras que enfrentan las mujeres, sobre todo aquellas con riesgo feminicida, situación que las deja desprotegidas y en muchos casos deban regresar con el agresor.

Conforme al monitoreo de la entidad de derechos humanos, identificó que, al cierre del 2023, en Colombia había en funcionamiento siete casas refugio en el nivel departamental con estrategia de atención integral, es decir, más del 60 % de departamentos del país carece de este tipo de estrategia necesaria después de más de diez años de expedición de la ley que las exige. En lo relacionado con las casas albergue o casas de acogida, están en funcionamiento 11 en todo el país.

Más Comisarías de Familia y un mayor enfoque de género

El Defensor del Pueblo también manifestó su preocupación sobre el “déficit” de Comisarías de Familia, que juegan un papel fundamental, “pues son la entrada a la justicia de muchas mujeres y las autoridades administrativas responsables de brindar medidas de protección inmediatas y coherentes a los riesgos”. Agregó que hay ausencia de instalaciones dignas en cientos de comisarías en el país, y requieren ser fortalecidas.

Entre los varios retos que mencionó el Defensor, dejó claro que es relevante aterrizar el enfoque de género: “Porque a pesar del gran desarrollo normativo, no hemos podido establecer mecanismos eficientes para mitigar la violencia y evitar que escale”.

La respuesta al riesgo feminicida debe comprometer a toda la institucionalidad

Añadió que es importante gestionar la respuesta al riesgo feminicida, que involucra a toda la institucionalidad, y debe contemplar medidas para la autonomía económica, con el propósito de que las mujeres, sus hijos e hijas puedan romper la dependencia económica con el agresor y el ciclo de violencia.

“A pesar de toda la inversión en materia de prevención, las mujeres continúan enfrentándose a operadores judiciales y policivos que ponen en duda el relato de las víctimas, factor negativo que desincentiva la denuncia”, enfatizó el Defensor del Pueblo.

Es importante señalar que los casos reportados por la Defensoría del Pueblo obedecen en su gran mayoría a víctimas directas e indirectas que han enfrentado múltiples revictimizaciones y que, en razón a la confianza depositada en la entidad, buscan el acompañamiento de la entidad.

“Como Defensoría, en el trabajo permanente que hacemos en los territorios, nos seguimos encontrando con servidores públicos que no conocen o no aplican la norma, que siguen permeados por estereotipos de género. Por eso el reto es mayor: debe haber un fortalecimiento de la presencia institucional, sanciones ejemplarizantes, no seguir justificando las violencias y que la institucionalidad en su conjunto rechace cualquier forma de agresión contra las mujeres en Colombia”, remarcó Carlos Camargo Assis.