Función Pública insta a alcaldes y gobernadores electos a trabajar más con las ciudadanías de los territorios

En la clausura del Curso de Inducción a las Autoridades Territoriales, el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Augusto Manrique Soacha, instó a los nuevos alcaldes y gobernadores a trabajar y permitir mayor participación de las comunidades en sus planes de desarrollo. 

“El gobierno no se puede hacer desde el centro de Bogotá ni desde las grandes ciudades capitales, sino con las ciudadanas y los ciudadanos de los territorios, ellos son los sabedores, ellos son los que saben y crean la participación ciudadana”, dijo el director. 

En la clausura, en la que estaba presente el presidente de la República, Gustavo Petro, Manrique señaló que, por instrucción del primer mandatario, el Gobierno Nacional está trabajado en un rediseño institucional del Estado que tiene como fin transformar las administraciones públicas en entidades más eficaces para la gente y superar un atraso institucional de 40 años. 

“No podemos exigirles a los municipios de Quinta y Sexta, que son más de 900 en el país, la misma infraestructura y capacidad institucional que tiene el resto del Estado para dar respuestas a las ciudadanías. La modernización de algunas entidades no ha estado a la par del desarrollo social que exige el país”, agregó el director de Función Pública.  

Enfatizó que la municipalidad colombiana no es homogénea sino heterogénea y que, existe un apartheid institucional que ha categorizado a los municipios lo que 
imposibilita la prestación de derechos en los territorios.  

“Eso se debe renovar, por eso los invito a trabajar con el Gobierno Nacional en la construcción de bioadministraciones públicas diferenciadas para la vida, con unos ecosistemas administrativos que creen instituciones con talento humano que dé respuestas efectivas a las ciudadanías”, enfatizó. 

Con estas propuestas a los 32 gobernadores y 1.078 alcaldes electos, el director Manrique señaló que el país podrá desarrollar un plan de desarrollo que materialice el  Estado Social de derecho y el proyecto político, cultural, económico, étnico y ambiental que se firmó en la Constitución de  1991.