Hay disponibles 2.479 cupos para que mujeres cabeza de familia condenadas cambien la cárcel por trabajo comunitario, anuncia MinJusticia

El Gobierno Nacional cuenta con 2.479 cupos disponibles para que mujeres jefe de hogar, que cometieron un delito en contexto de marginalidad, puedan solicitar una pena sustitutiva, para que en lugar de ir a prisión cumplan con servicios comunitarios y puedan atender a sus hijos y a sus familias en libertad.

Así lo confirmó el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña Hernández, quien advirtió que las mujeres beneficiadas deben estar cumpliendo condenas que no superen los ocho años de cárcel, por estupefacientes o hurto, tal como lo establece la Ley 2292 de Utilidad Pública.

“Este servicio busca que la sociedad reciba un beneficio a cambio del esfuerzo de estas mujeres y que ellas, a su vez, puedan reintegrarse a sus hogares y reconstruir las relaciones con sus seres queridos para tener una mejor oportunidad de vida’, afirmó Umaña.

Manifestó que unas 4.500 mujeres, de las cerca de 17.000 privadas de la libertad en el país, podrán optar por esta medida alternativa. 

La Ley de Utilidad Pública es la primera norma con enfoque de género que contempla la posibilidad de ejecutar una sanción penal de carácter restaurativo, se traduce en actividades de servicio comunitario con impacto social.

En la actualidad, 73 internas cuentan con decisiones favorables para cumplir la condena con servicio comunitario; ante los jueces de ejecución hay 2.000 solicitudes presentadas y, a la fecha, se han presentado cero casos de reincidencia, añadió el Viceministro.

“Hemos tenido un intercambio maravilloso con los jueces de ejecución de penas, que han abierto sus puertas para que, en el marco del respeto a la autonomía judicial, podamos pensar cómo implementar mejor esta medida’, enfatizó.

Además, indicó que gracias a un esfuerzo institucional liderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho dos mujeres ya pagaron la totalidad de su pena con los servicios de utilidad pública: una en Armenia y otra en Barbosa (Antioquia).

Recalcó que en el país hay 16 entidades públicas sin ánimo de lucro y seis territoriales que ofrecen cupos para el servicio comunitario, por lo que agradeció el apoyo y colaboración de diversas fundaciones, entidades nacionales organismos multilaterales que se han sumado a la iniciativa. 

Destacó a Medellín y Bucaramanga como las ciudades que más han acogido mujeres beneficiarias de esta ley, que las humaniza y dignifica en procura de una nueva oportunidad de vida.

El departamento de Antioquia, dijo, es el que más ha avanzado con esta medida con 18 mujeres ejecutando en libertad servicios de utilidad pública.      

“Implementar y echar a andar una medida de esta naturaleza ha representado un enorme desafío, ya que le propone al país salir del punitivismo para entrar en una fase de restauración”, recalcó el funcionario.