Reforma al sistema de peajes en Colombia inició trámite en Senado

En un acto que responde al clamor ciudadano por más equidad en las vías del país, el senador Guido EcheverriPiedrahita radicó ante el Senado un ambicioso proyecto de ley que busca transformar el actual sistema de peajes en Colombia.

La propuesta fue presentada ante la Secretaría General del Senado y se perfila como una reforma de fondo que pone en el centro los derechos de los usuarios, la transparencia en la inversión pública y la voz de las regiones.

La iniciativa contempla tarifas más justas, reglas claras desde el diseño hasta la ejecución de las obras, y mecanismos para que los ciudadanos y entes territoriales puedan ejercer mayor control sobre los recursos recaudados. También propone que las decisiones sobre ubicación y cobro de peajes respondan a criterios proporcionales, ambientales y socioeconómicos, algo que hoy, según Echeverri, no está garantizado.

Esta reforma no surge de la nada. Responde a una larga preocupación del senador por el estado de la infraestructura vial, especialmente en el Eje Cafetero. En marzo pasado, citó a debate de control político a la ministra de Transporte para analizar las condiciones del proyecto IP Conexión Centro, que asumirá la administración de una vía clave de 256 km entre Caldas, Risaralda y Quindío, una vez finalice el contrato con Autopistas del Café en 2027.

Durante el debate, realizado en la Comisión Sexta del Senado, no hubo respuestas satisfactorias por parte del Gobierno Nacional, especialmente frente a las proyecciones de recaudo del nuevo proyecto vial. Desde entonces, el senador ha enviado múltiples derechos de petición buscando claridad, transparencia y garantías para su región.

“Las regiones no pueden seguir pagando peajes sin saber cómo se invierte cada peso. Necesitamos un modelo de concesión donde el control ciudadano y la planificación del Estado estén por encima de intereses particulares”, expresó Echeverri.

Con esta propuesta legislativa, el senador espera fortalecer la capacidad del Estado para planificar, regular y monitorear las concesiones viales, sin poner en riesgo la inversión privada, pero exigiendo mayor claridad y equidad en cada proyecto.

El proyecto apenas comienza su camino legislativo, pero desde ya genera expectativa en distintas regiones del país que esperan una reforma que alivie el bolsillo de los ciudadanos y garantice una infraestructura pensada para todos