Contratación de pasaportes llega a debate de control político

el canciller extendió una invitación a los miembros de la Comisión Segunda a un encuentro el martes 5 de marzo “para dialogar sobre los temas más relevantes de la agenda de política exterior del país”, señala una comunicación. Se espera que luego de esta cita se conozca una nueva fecha para el debate.

El debate estaba citado un día después de que el presidente Gustavo Petro declarara insubsistente al secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, quien adjudicó el contrato a la multinacional Thomas Greg & Sons, decisión que ha generado diversas opiniones en los representantes a la Cámara.

Alejandro Toro, del Pacto Histórico, respaldó al gobierno señalando que hay “mucho poder e intereses en juego”, por su parte Érika Tatiana Sánchez, representante por el estatuto de la oposición, cuestionó la decisión y advirtió que el país no debe asumir las consecuencias de las decisiones de determinados funcionarios. “¿De dónde creen que van a salir las millonarias multas por incumplimiento?” resaltó Sánchez y agregó que la investigación al suspendido canciller Álvaro Leyva “debe continuar con celeridad y transparencia”.

Las comisiones Quinta y Sexta también citaron debate de control político para analizar los altos costos en las tarifas en el servicio de energía y el estado de la ampliación del Aeropuerto Internacional José María Córdova, encuentros a los que están citados los directivos de entidades y carteras.

Dentro de la agenda legislativa para la semana del 26 de febrero al 1 de marzo también se destaca que la Comisión Primera debatirá proyectos de ley orientados a la protección de menores, como el que busca prohibir el matrimonio infantil y el que pretende establecer el tipo penal de ciberacoso sexual de menores.

Por su parte la Comisión Tercera discutirá la iniciativa que crea el fondo de prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia de género, mientras que la Comisión Séptima estudiará el proyecto por medio del cual se adicionan los mecanismos para la provisión definitiva de empleos públicos de carrera administrativa y se reconoce la estabilidad laboral reforzada a servidores del Estado.